Suprema Corte e INPI se unen para garantizar justicia a pueblos indígenas y afromexicanos
La Suprema Corte y el INPI firmaron un convenio para mejorar el acceso a la justicia de pueblos indígenas y afromexicanos mediante un enfoque intercultural y respeto a sus sistemas normativos.
El Gobierno de México dio un nuevo paso en el reconocimiento de los derechos colectivos al firmar un convenio de colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), con el objetivo de fortalecer el acceso efectivo a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en el país.
El acuerdo busca establecer mecanismos que permitan una atención judicial con enfoque intercultural, lingüístico, territorial y de género, respetando los sistemas normativos internos, las formas de organización y las autoridades tradicionales de los pueblos originarios.
Durante la firma del convenio, el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, señaló que uno de los principales retos del Poder Judicial es garantizar justicia para los sectores históricamente más vulnerables.
“Necesitamos innovar, necesitamos nuevos métodos y nuevas formas para asegurar una justicia efectiva”, expresó al destacar la importancia de generar mecanismos que permitan atender las necesidades específicas de las comunidades indígenas y afromexicanas.
Un acuerdo para reducir brechas históricas
Por su parte, el director general del INPI, Adelfo Regino Montes, afirmó que este convenio representa un paso significativo para revertir la exclusión histórica de los pueblos originarios dentro del sistema de justicia.
El funcionario señaló que el acuerdo “siembra una semilla” para construir un sistema judicial más incluyente y cercano a las comunidades, y subrayó que la justicia debe ponerse al servicio de quienes han enfrentado mayores desigualdades.
Este esfuerzo también responde al reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas como sujetos de derecho público, así como a su derecho a la libre determinación y autonomía.
Justicia con enfoque intercultural
Durante el acto protocolario, la ministra Loretta Ortiz Ahlf destacó que los pueblos indígenas y afromexicanos no pertenecen al pasado, sino que son actores fundamentales en la vida democrática del país, por lo que garantizar su acceso a la justicia es una deuda histórica del Estado mexicano.
En el mismo sentido, la ministra Yasmín Esquivel Mossa señaló que el Poder Judicial debe incorporar un enfoque intercultural real en sus resoluciones, lo que implica considerar los contextos comunitarios, las lenguas originarias y las desigualdades estructurales que enfrentan estas poblaciones.
El ministro Irving Espinosa Betanzo añadió que no es posible construir una nación sin reconocer plenamente a los pueblos indígenas y afromexicanos, mientras que representantes comunitarios insistieron en que la justicia debe construirse con la participación directa de las comunidades.
Participación internacional y comunitaria en el INPI
En el encuentro también participó el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Humberto Henderson, quien destacó que el diálogo entre la justicia ordinaria y la justicia comunitaria envía un mensaje relevante a nivel internacional sobre la igualdad entre ambos sistemas.
Autoridades comunitarias subrayaron que el reconocimiento de la autonomía y la libre determinación es fundamental para avanzar hacia un sistema judicial más equitativo y acorde con la diversidad cultural del país.
El convenio también contempla la colaboración con instituciones públicas y representantes comunitarios para impulsar capacitación, difusión de derechos y fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de justicia indígena.
INPI: Hacia un sistema judicial más incluyente
Con este acuerdo, la SCJN y el INPI buscan avanzar hacia un modelo de justicia que reconozca la diversidad cultural de México y reduzca las barreras que enfrentan los pueblos indígenas y afromexicanos al acceder a tribunales y servicios legales.
Especialistas han señalado que, entre los principales retos, se encuentran la falta de intérpretes en lenguas indígenas, la distancia geográfica de los tribunales y el desconocimiento de los sistemas normativos comunitarios, factores que históricamente han limitado el acceso efectivo a la justicia.
El convenio representa un primer paso para atender estas problemáticas y consolidar un sistema judicial que garantice igualdad de derechos para todos los sectores de la población.
