Trump impulsa ley que canaliza miles de millones a empresas privadas ligadas a su campaña para reforzar política antimigrante
Trump aprueba una ley que canaliza miles de millones a empresas vinculadas a su campaña, transformando la migración en un negocio de vigilancia y detención.
La política migratoria en Estados Unidos ha entrado en una nueva fase de endurecimiento tras la aprobación del paquete presupuestario conocido como “One Big Beautiful Bill Act” (OBBA), firmado por el presidente Donald Trump. Este amplio plan destina miles de millones de dólares a reforzar las operaciones de vigilancia, detención y deportación de migrantes, beneficiando directamente a empresas privadas con lazos documentados con su campaña electoral.
El paquete asigna más de 6 mil millones de dólares para tecnologías de vigilancia fronteriza y 45 mil millones para ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas), que se utilizarán principalmente para la contratación de operadores privados, incluyendo CoreCivic y GEO Group, dos compañías de prisiones privadas que han sido duramente cuestionadas por su historial de abusos en centros de detención.
Empresas donantes, hoy contratistas privilegiadas
Según investigaciones de Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW), GEO Group y CoreCivic aportaron conjuntamente más de 2.8 millones de dólares a las campañas de Trump y al Comité Inaugural de 2025. Hoy, esas mismas empresas se han visto beneficiadas con contratos multimillonarios para administrar centros de detención migratoria.
Uno de los casos más significativos es el del centro Delaney Hall, en Nueva Jersey, reabierto recientemente bajo un contrato de 15 años con un valor cercano a los 1,000 millones de dólares.
Otras empresas clave en esta red de beneficios incluyen:
- Palantir Technologies, que recibió un contrato de 30 millones de dólares para desarrollar ImmigrationOS, un sistema digital que centraliza información del DHS, IRS y otras agencias para identificar y localizar a migrantes en tiempo real.
- Anduril Industries, contratada para ampliar las torres de vigilancia automatizadas a lo largo de la frontera sur.
- Fisher Sand & Gravel, que volvió a ser seleccionada para continuar con la construcción del muro fronterizo, tras obtener previamente contratos por más de 300 millones de dólares.
¿Tecnología o persecución digital?
La participación de Palantir, empresa cofundada por el multimillonario Peter Thiel, ha encendido alarmas en organizaciones defensoras de los derechos civiles. El sistema ImmigrationOS permite al gobierno combinar bases de datos financieras, fiscales, laborales y sociales para rastrear migrantes y coordinar deportaciones con inteligencia artificial.
Expertos advierten que este tipo de plataformas representan un peligro sin precedentes para la privacidad y que su uso en operativos masivos podría derivar en violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
“Lo que estamos viendo es la consolidación de un aparato de vigilancia masiva privatizado y con motivaciones políticas”, declaró un investigador del Brennan Center for Justice.
Negocio redondo: contratos públicos y beneficios fiscales
Además de los contratos otorgados, el paquete OBBA incluye beneficios fiscales que, según medios como The Guardian, favorecen a grandes donantes del entorno empresarial de Trump, incluyendo a figuras como Peter Thiel. Aunque no hay cifras públicas exactas, los analistas ven con preocupación la manera en que se entrelazan política migratoria, negocios privados y aportes de campaña.
La aprobación de OBBA no solo refuerza la política antimigrante de Trump, sino que convierte la persecución de migrantes en un modelo de negocio altamente rentable, operado por empresas que previamente financiaron su ascenso al poder.
Para sus críticos, se trata de un sistema de intercambio de favores disfrazado de política de seguridad nacional, que pone en riesgo los derechos fundamentales de millones de personas mientras fortalece a una élite empresarial afín al poder.
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