Ordenan al INE reabrir caso por violencia política contra Cuauhtémoc Blanco

El proyecto, propuesto por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, busca determinar que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene la facultad de resolver una denuncia interpuesta en 2023 por la entonces diputada Juanita Guerra Mena.

Guerra Mena denunció a Blanco, quien fungía como gobernador del estado de Morelos entre 2018 y 2024, y a otros funcionarios, por negarle el acceso al templete durante un evento público, lo que calificó como una acción violenta y misógina, además de denunciar amenazas contra ella y su familia.

Inicialmente, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos determinó que no se había cometido ninguna infracción, pero la denunciante impugnó esta decisión y el caso fue turnado al INE, que desechó la queja en mayo de 2024 al argumentar prescripción, ya que había transcurrido más de un año.

Otro intento por procesar caso de violencia política contra Cuauhtémoc Blanco

Tras presentar nuevamente su inconformidad, la ahora senadora Guerra Mena obtuvo una reconsideración del caso por parte del magistrado Rodríguez Mondragón del TEPJF, quien determinó que la Sala Especializada del INE calculó erróneamente el periodo de vigencia de su facultad sancionadora y, por lo tanto, debe resolver el asunto.

“Se revoca la resolución impugnada, para efecto de que la Sala Especializada emita una nueva determinación”, señala el proyecto del magistrado que busca ser sometido a discusión del Pleno del TEPJF.

Segundo caso contra Cuauhtémoc Blanco

Esta denuncia se suma a la acusación contra Blanco por intento de violación a su media hermana, también cuando ejercía como gobernador de Morelos.

Blanco, ahora diputado federal del partido Morena, fue denunciado en 2024 por intento de violación a su hermana Nidia Fabiola, quien desde entonces ha afirmado ser el centro de amenazas por haber alzado la voz.

El exfutbolista profesional enfrenta cargos en la Fiscalía de Morelos, por lo que a finales de marzo pasado se propuso su desafuero en el Congreso, pero la mayoría oficialista decidió mantenerle su estatus político.

El diputado federal morenista también recibió denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción de Morelos por presuntos actos de corrupción cuando fue gobernador de la entidad.