Cuauhtémoc Blanco es sancionado por violencia política de género; colectivos exigen su desafuero

Cuauhtémoc Blanco Bravo, actual diputado federal de Morena y exgobernador de Morelos, fue declarado responsable de cometer violencia política en razón de género contra la hoy senadora Juanita Guerra Mena, por parte de la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El fallo reabre el debate sobre impunidad, fuero y violencia de género en las estructuras del poder político mexicano.

El hecho: exclusión simbólica con carga de género

El caso se remonta a mayo de 2023, durante los actos conmemorativos por el CCXI Aniversario del “Rompimiento del Sitio de Cuautla”. Juanita Guerra, entonces diputada federal, fue invitada al evento oficial, pero al llegar, fue impedida de ingresar al palco principal por órdenes del entonces gobernador Blanco y uno de sus funcionarios. El tribunal concluyó que esta exclusión tuvo una motivación discriminatoria basada en género, al tratarse de un acto de invisibilización institucional de una mujer en funciones políticas.

La sentencia impone sanciones como la inscripción de Blanco en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres, la emisión de una disculpa pública y la realización de cursos obligatorios en igualdad de género. Sin embargo, la sanción enfrenta un límite: el fuero legislativo.

El fuero, la barrera para la justicia

A pesar de que el caso avanzó en el ámbito electoral, la posibilidad de llevar la investigación a instancias penales fue bloqueada el pasado 25 de marzo, cuando la mayoría en la Cámara de Diputados votó en contra de su desafuero. Esta decisión fue duramente criticada por organizaciones feministas y civiles, que aseguran que se trató de una decisión política que “refuerza el pacto de impunidad que protege a los agresores”, dejando a la víctima sin posibilidad de acceso pleno a la justicia.

La indignación aumentó luego de que colectivos iniciaran una campaña pública con una recolecta de firmas, exigiendo el retiro del fuero a Cuauhtémoc Blanco. A través de espacios digitales y redes sociales, invitan a la ciudadanía a sumarse a la demanda de justicia, bajo el lema: “No podemos permitir que la corrupción siga prevaleciendo. ¡Queremos que le quiten el fuero a Cuauhtémoc Blanco y que sea juzgado!”

Más que un caso individual

Este episodio no es aislado. Diversos informes del Instituto Nacional Electoral y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos han documentado el crecimiento de la violencia política en razón de género, especialmente en los espacios de poder. La exclusión, el acoso, la invisibilización y las amenazas son formas de agresión que, aunque a veces simbólicas, tienen consecuencias reales en la vida política de las mujeres.

Para la senadora Guerra Mena, este caso representa una doble agresión: primero, por el acto en sí; y segundo, por el blindaje institucional que ha impedido que el caso llegue a una resolución judicial integral. “No basta con que reconozcan que hubo violencia. Necesitamos garantías de no repetición y sanciones reales”, ha expresado en diversas ocasiones.

¿Justicia a medias?

La resolución de la Sala Especializada representa un avance importante en el reconocimiento de la violencia simbólica como forma de violencia política. Sin embargo, el bloqueo del desafuero genera dudas sobre la voluntad real del sistema político para erradicar estas prácticas.

Organizaciones feministas insisten en que es necesario eliminar el uso político del fuero, que históricamente ha servido como escudo para evadir consecuencias legales. “Si una senadora es silenciada y desprotegida, ¿qué pueden esperar las miles de mujeres que enfrentan violencia política desde cargos menores o sin reflectores?”, cuestionan.

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