Diputados aprueban en comisiones dictamen de reforma a la Ley de Amparo; eliminan retroactividad
Con 56 votos a favor, 11 en contra y una abstención, el proyecto fue avalado para ser turnado al pleno de San Lázaro, donde se prevé sea discutido en los próximos días.
Las comisiones unidas de Justicia y de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados aprobaron este lunes el dictamen de reforma a la Ley de Amparo, impulsado por Morena y sus aliados, tras una sesión marcada por el debate y la salida de legisladores de oposición en señal de protesta.
Con 56 votos a favor, 11 en contra y una abstención, el proyecto fue avalado para ser turnado al pleno de San Lázaro, donde se prevé sea discutido en los próximos días. La abstención correspondió a la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, quien expresó reservas sobre el alcance de la iniciativa.
Eliminan artículo retroactivo
El dictamen aprobado elimina el artículo transitorio que permitía aplicar la nueva legislación de manera retroactiva a los juicios de amparo en curso, disposición que había generado críticas por posibles afectaciones al principio de seguridad jurídica.
En su lugar, se estableció que los procedimientos en trámite continuarán conforme a las reglas vigentes al momento de su inicio.
Reforma busca “modernizar” el juicio de amparo
De acuerdo con los legisladores de Morena, la reforma tiene como objetivo modernizar el juicio de amparo, fortalecer la protección de los derechos humanos, evitar abusos procesales y limitar las suspensiones con efectos generales que, a su juicio, han sido utilizadas para detener políticas públicas y proyectos de infraestructura.
También se introducen ajustes al concepto de “interés legítimo”, incorporando criterios más estrictos para su acreditación, y se promueve el uso de medios electrónicos en los procedimientos judiciales.
Críticas de la oposición y advertencias jurídicas
Los grupos parlamentarios del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra del dictamen, argumentando que la nueva redacción restringe el acceso al amparo en casos de interés público, como los relacionados con el medio ambiente, comunidades indígenas y derechos humanos.
La diputada Olga Sánchez Cordero advirtió que el concepto de interés legítimo “es indeterminado y su aplicación dependerá del criterio del juzgador”, lo que podría traducirse en una afectación a derechos colectivos.
Por su parte, la oposición denunció un proceso legislativo acelerado, sin un debate técnico suficiente ni atención a las observaciones de especialistas y organizaciones civiles.
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