Diputados aprueban en lo general la Ley contra la Extorsión
La nueva legislación busca unificar el delito de extorsión en todo el país, endurecer penas y ofrecer mayor protección a las víctimas.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con el objetivo de establecer un marco legal unificado para combatir uno de los delitos que más afecta a la población y a los negocios en México.
Con 456 votos a favor, el pleno avaló la iniciativa que busca homologar la definición y sanción del delito de extorsión en todo el país, además de fortalecer la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales. El dictamen fue turnado al Senado para su análisis y eventual aprobación.
La nueva ley crea un tipo penal único de extorsión, lo que significa que las sanciones serán iguales en todo el territorio nacional. También establece que este delito se investigará de oficio, sin necesidad de que la víctima presente una denuncia formal, lo que busca reducir el alto subregistro de casos.
Las penas básicas van de 6 a 15 años de prisión, además de multas de entre 100 y 500 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). El texto también contempla agravantes que aumentan la pena cuando se emplee violencia, armas, o cuando las víctimas sean menores, personas mayores, migrantes o servidores públicos.
En lo particular, el dictamen fue aprobado con 339 votos a favor, 100 en contra y 4 abstenciones, tras un intenso debate sobre las modificaciones de última hora que redujeron las penas para funcionarios que omitan denunciar casos de extorsión, pasando de un rango inicial de 10 a 20 años a uno de 5 a 12 años de prisión.
De acuerdo con los legisladores, la ley también incorpora mecanismos de protección a las víctimas, incluyendo la posibilidad de realizar denuncias anónimas y el uso de bienes decomisados a grupos delictivos para la reparación del daño.
Durante la discusión, representantes de distintos partidos coincidieron en la necesidad de atacar de raíz este delito, que afecta tanto a ciudadanos como a empresarios. Sin embargo, algunos grupos parlamentarios expresaron su preocupación por la implementación práctica de la ley, advirtiendo que sin recursos suficientes y capacitación a las autoridades locales, el impacto podría ser limitado.
La aprobación de esta ley representa un avance significativo en la cruzada nacional contra la extorsión, un delito que, según estimaciones, no se denuncia en más del 96% de los casos. Esta cifra refleja el miedo y la desconfianza de las víctimas hacia las instituciones, así como la presencia del crimen organizado en distintas regiones del país.
Expertos en seguridad consideran que la unificación del marco jurídico puede facilitar la persecución del delito y la coordinación entre fiscalías, pero advierten que será crucial asegurar una correcta aplicación en los estados donde ya existen códigos más severos.
La ley también refuerza la responsabilidad de las autoridades, al establecer sanciones para los servidores públicos que toleren o encubran casos de extorsión. Esto busca frenar la impunidad y evitar que funcionarios sean cómplices de grupos criminales.
Con la aprobación de esta iniciativa, el Congreso da un paso hacia un marco más sólido para enfrentar uno de los delitos más extendidos del país. Sin embargo, especialistas coinciden en que su éxito dependerá de la voluntad política, la asignación de recursos y la participación ciudadana.
El dictamen pasará ahora al Senado de la República, donde se prevé su discusión en las próximas semanas. En caso de ser ratificado, la Ley General contra la Extorsión entrará en vigor tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación, marcando un nuevo capítulo en la estrategia nacional de seguridad.
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