Diputados aprueban prohibición total de vapeadores: multas y cárcel de hasta ocho años
La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley General de Salud que prohíben los vapeadores y establecen sanciones de hasta ocho años de cárcel. Conoce los argumentos a favor y en contra.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general una de las reformas más polémicas del actual periodo legislativo: la prohibición total de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos similares dentro de la Ley General de Salud. El dictamen, que generó un encendido debate entre bancadas, fue avalado con 324 votos a favor y 129 en contra, imponiendo duras sanciones a quienes fabriquen, distribuyan, comercialicen o incluso usen este tipo de productos.
Sanciones: multa y cárcel por actividades ligadas a vapeadores
El documento aprobado contempla penas de hasta ocho años de prisión y multas que van de los 11 mil a los 226 mil pesos para quienes participen en cualquier etapa de la cadena comercial: fabricación, importación, exportación, distribución, publicidad, venta e incluso uso de estos dispositivos.
La reforma coloca al país entre los marcos legales más estrictos en materia de productos alternativos al tabaco, generando preocupación entre legisladores de oposición, especialistas y consumidores.
Desde el inicio de la discusión, la legisladora de Movimiento Ciudadano, Irais Virginia Reyes, presentó una moción suspensiva al considerar la iniciativa como “la reforma más prohibicionista, más autoritaria y más absurda que este país ha visto en décadas”.
Argumentó que el gobierno eligió prohibir en lugar de regular, y criticó que las penas contempladas son mayores que las sanciones por delitos graves. “Golpear brutalmente a una mujer se castiga con menos pena que comprar un vapeador”, afirmó.
Reyes advirtió que criminalizar toda la cadena comercial provocará el crecimiento del mercado ilícito, que —apuntó— opera sin regulación, sin pago de impuestos y con vínculos con estructuras delictivas.
“No es salud pública… es un regalo envuelto para el crimen organizado. Feliz Navidad al crimen organizado de parte de Morena y sus aliados”, declaró.
La moción fue rechazada por la mayoría parlamentaria.
El PRI anunció que no respaldaría la propuesta debido a que incluye sanciones que calificaron de desproporcionadas y con impacto directo en la población. La diputada Ana González criticó que la reforma incorpora los artículos 282 Quáter y 456 Bis, los cuales contemplan penas incluso para quienes adquieran, consuman o simplemente posean un vapeador.
“Esto abre la puerta a que cualquier persona que adquiera un vapeador tenga una pena de uno a ocho años de cárcel. Es extremo”, sostuvo.
Agregó que, si el objetivo es proteger la salud, el gobierno debería incrementar el presupuesto para medicamentos, vacunas y tratamientos, en lugar de criminalizar dispositivos cuyo uso ya está extendido.
Por su parte, el diputado panista Éctor Ramírez Barba acusó que el dictamen incluye 150 artículos modificados en un documento de 829 páginas que abarca 13 temas distintos, sin haber consultado a expertos, investigadores ni especialistas en salud pública.
“Ni siquiera se parlamentó con quienes sí saben de salud”, reclamó.
Morena busca matizar: Monreal propone reservas para evitar criminalizar a consumidores
Durante el inicio de la discusión en lo particular, el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, presentó dos reservas para aclarar que no se detendrá a jóvenes ni a consumidores por usar vapeadores, buscando calmar la ola de críticas por criminalización.
Las reservas buscan precisar el sentido de las sanciones y evitar que las penas se apliquen a usuarios ocasionales, aunque la oposición sostiene que el texto original seguirá generando interpretaciones ambiguas.
Reforma polémica que aún deberá pasar por el Senado
Tras su aprobación en lo general, el dictamen continuará su proceso legislativo en el Senado, donde podría enfrentar nuevas modificaciones, reservas o incluso impugnaciones por parte de organizaciones y especialistas en salud, comercio y derechos humanos.
Mientras tanto, el debate público continúa dividido entre quienes respaldan la prohibición total por motivos de salud y quienes exigen un marco regulatorio que evite criminalizar a consumidores y alimente el mercado negro.
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