Diputados avalan nueva ley contra extorsión con cambios del Senado
La Cámara de Diputados aprobó la nueva Ley General para Prevenir y Sancionar la Extorsión, que endurece penas hasta 42 años y homologa criterios en todo el país.
La Cámara de Diputados aprobó, con los cambios remitidos por el Senado, la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, un instrumento legal que busca frenar uno de los crímenes de mayor crecimiento en el país. La reforma endurece sanciones, unifica criterios nacionales e incorpora nuevas obligaciones para autoridades de seguridad y justicia.
La aprobación se dio en lo general por unanimidad, con 450 votos a favor, y en lo particular con 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención. Con ello, la minuta será enviada al Ejecutivo para su publicación y posterior entrada en vigor.
Entre las modificaciones más relevantes realizadas por el Senado destaca el incremento del tipo penal básico de extorsión, que ahora será castigado con penas de entre 15 y 25 años de prisión, en contraste con la propuesta original de 6 a 15 años que habían planteado los diputados en primera instancia.
La ley también endurece las sanciones para funcionarios públicos. Policías, custodios penitenciarios o servidores que omitan denunciar actos de extorsión podrán recibir entre 10 y 20 años de prisión, además de agravantes cuando participen activamente o faciliten el delito.
Otro eje central de la reforma es la homologación legal. Para lograrlo, se actualizan diversas disposiciones del Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Esto permitirá aplicar estándares uniformes en todo el país.
Además, el delito de extorsión se incorpora a la lista de conductas que, con agravantes, ameritan prisión preventiva oficiosa, algo que legisladores oficialistas señalaron como fundamental para frenar su expansión.
Durante el debate, integrantes del PAN y el PRI acusaron a la mayoría parlamentaria de revertir su propia propuesta inicial y aceptar sin resistencia los cambios del Senado. Consideraron que esto representaba una “corrección forzada” y una pérdida de firmeza en la estrategia legislativa.
Por su parte, el bloque mayoritario defendió la decisión como parte del proceso natural de colegislación. Señalaron que las modificaciones fortalecen el proyecto y lo alinean a criterios técnicos propuestos por especialistas y el propio Senado.
La ley establece además la obligación de crear unidades especializadas para investigar extorsiones dentro de fiscalías estatales y federal, con la intención de mejorar la capacidad de respuesta y la coordinación interinstitucional.
Legisladores de distintas bancadas reconocieron que uno de los principales desafíos será la implementación efectiva, ya que la extorsión se ha diversificado en modalidades que van desde el cobro de piso hasta el uso de plataformas digitales.
Te puede interesar:
México garantiza espacios dignos y seguros para la niñez indígena
