Plan B electoral avanza en Senado
El Plan B de reforma electoral impulsado por Claudia Sheinbaum fue aprobado en comisiones del Senado y avanza al pleno. La oposición lo critica como una iniciativa “chafa”, mientras Morena asegura que busca reducir privilegios y optimizar recursos públicos.
El Plan B de reforma electoral propuesto por Claudia Sheinbaum dio un paso clave este martes al ser aprobado en comisiones del Senado de la República, lo que permitirá que el dictamen sea discutido y votado en el pleno en los próximos días.
El avance del proyecto se dio tras más de cinco horas de discusión en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, en un ambiente marcado por fuertes críticas de la oposición y la defensa cerrada de los partidos oficialistas.
Qué propone el Plan B de reforma electoral
A diferencia del fallido “Plan A”, esta nueva versión elimina algunos de los cambios más polémicos, pero mantiene ajustes relevantes en el sistema político-electoral.
Entre los puntos principales destacan:
- Reducción de regidores en municipios (entre 1 y 15 integrantes)
- Posibilidad de realizar la revocación de mandato en 2027 o 2028
- Permitir que la presidenta promueva la participación ciudadana en ese ejercicio
- Tope salarial para funcionarios públicos, alineado al ingreso presidencial
El proyecto ya no contempla eliminar a los legisladores plurinominales ni reducir el financiamiento a partidos políticos o al Instituto Nacional Electoral, como se planteaba originalmente.
Oposición lanza críticas: “es chafa y peligrosa”
Legisladores de oposición calificaron el dictamen como deficiente y con riesgos para la democracia.
El senador Ricardo Anaya aseguró que se trata de una iniciativa “pobre, chafa y mal hecha”, al considerar que no atiende problemas de fondo como la intervención del crimen organizado en procesos electorales.
Por su parte, Luis Donaldo Colosio Riojas cuestionó que la reforma permita a la presidenta promover la revocación de mandato, lo que —dijo— rompe el principio de equidad en la contienda.
Desde el PRI, legisladoras como Carolina Viggiano advirtieron que adelantar la revocación podría responder a cálculos políticos rumbo a las elecciones intermedias de 2027.
Morena defiende la reforma: “reduce privilegios”
En contraste, legisladores de Morena y sus aliados argumentaron que el Plan B busca combatir excesos en el gasto público.
El senador Miguel Jarero sostuvo que la iniciativa pretende homologar salarios y evitar que funcionarios ganen más que la presidenta, además de redirigir recursos hacia programas sociales e infraestructura.
Desde el Partido Verde Ecologista de México, también se defendió que el eje central es la reducción de privilegios en congresos locales y cabildos municipales.
División incluso entre aliados: el caso del PT
Aunque el Partido del Trabajo forma parte de la coalición oficialista, ha expresado reservas sobre uno de los puntos clave: la fecha de la revocación de mandato.
El partido considera problemático que este ejercicio coincida con las elecciones de 2027, en las que se renovarán gubernaturas en al menos 17 estados, lo que podría generar tensiones políticas y operativas.
Revocación de mandato, el punto más polémico
Uno de los aspectos más debatidos es la posibilidad de que la presidenta promueva la participación ciudadana en la revocación de mandato desde espacios oficiales.
Para la oposición, esto representa una ventaja indebida desde el poder; mientras que el oficialismo sostiene que se trata de incentivar la participación democrática.
La propuesta plantea que este ejercicio se realice mediante voto libre y secreto, y que coincida con procesos electorales para reducir costos.
Un debate que anticipa confrontación en el pleno
El dictamen aprobado en comisiones ahora pasará al pleno del Senado, donde se espera un debate aún más intenso.
El resultado dependerá de si el bloque oficialista logra mantener la mayoría necesaria para su aprobación definitiva, en un contexto de divisiones incluso dentro de sus aliados.
Lo que está en juego
Más allá de los cambios técnicos, el Plan B refleja un choque de visiones sobre el sistema democrático en México:
- Para el oficialismo, es una reforma de austeridad y justicia administrativa
- Para la oposición, implica riesgos de concentración de poder
El desenlace en el Senado será clave para definir si esta segunda versión de la reforma electoral logra concretarse o enfrenta el mismo destino que su antecesora.
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