Sheinbaum promulga reforma a la Ley de Amparo
Sheinbaum promulga la reforma a la Ley de Amparo; juristas advierten retrocesos en derechos ciudadanos.
La presidenta Claudia Sheinbaum promulgó este jueves la reforma a la Ley de Amparo, una de las modificaciones legales más controvertidas de su administración. El decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), también ajusta el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
La mandataria destacó que las reformas buscan modernizar el sistema judicial mediante procesos digitales, fortalecer la transparencia y garantizar mayor agilidad en la atención de juicios. La norma entrará en vigor este viernes, marcando un nuevo capítulo para la justicia federal.
Entre los cambios más relevantes, la nueva ley redefine el concepto de “interés legítimo”, uno de los ejes centrales del amparo. La modificación pretende acotar su aplicación para evitar abusos y frenar la saturación de recursos judiciales, pero especialistas advierten que esta medida podría limitar el acceso de colectivos y organizaciones civiles a la defensa de derechos fundamentales.
Además, la reforma incorpora el uso de medios electrónicos en la presentación de promociones, la gestión de expedientes y la firma digital obligatoria para abogados y jueces. Estas medidas buscan digitalizar por completo el sistema judicial en un plazo de 360 días, bajo la supervisión del nuevo Órgano de Administración Judicial.
Otro de los puntos clave es la regulación de las suspensiones. A partir de ahora, los jueces deberán ponderar el interés social y la apariencia del buen derecho antes de frenar un acto de autoridad, lo que modifica un principio histórico de protección inmediata al ciudadano frente al poder público.
En materia fiscal, la reforma también introduce nuevos criterios de improcedencia para ciertos recursos de revocación, particularmente en casos donde los créditos fiscales ya hayan sido determinados en resoluciones firmes. El gobierno argumenta que esta medida fortalecerá la recaudación y reducirá litigios innecesarios.
Sin embargo, la promulgación no estuvo exenta de polémica. Organizaciones civiles, juristas y académicos cuestionan la constitucionalidad de algunos artículos transitorios, especialmente por el riesgo de que la norma se aplique a casos ya iniciados, lo que podría vulnerar el principio de no retroactividad.
El debate legislativo sobre la reforma fue intenso. Durante su discusión en el Congreso, la oposición y diversos colectivos advirtieron que la nueva redacción de la ley reduce los contrapesos judiciales y favorece al Estado en controversias con ciudadanos o empresas. A pesar de las críticas, la mayoría oficialista aprobó el proyecto en lo general y lo particular.
Desde Palacio Nacional, Sheinbaum defendió la reforma como una “actualización necesaria” del sistema de amparo, asegurando que el objetivo es “fortalecer la justicia, no debilitarla”. La presidenta subrayó que los derechos humanos seguirán protegidos y negó que la ley tenga efectos retroactivos.
El Senado de la República deberá ahora revisar los ajustes técnicos derivados de las modificaciones aprobadas por la Cámara de Diputados, con el fin de garantizar coherencia jurídica y operativa en su aplicación.
Mientras tanto, asociaciones como México Evalúa y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez ya preparan análisis y posibles recursos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte, en defensa de lo que consideran un retroceso en el acceso a la justicia.
Con la promulgación de esta ley, el gobierno de Claudia Sheinbaum abre un nuevo frente de discusión jurídica y política, en un contexto en el que la relación entre los poderes del Estado y las libertades ciudadanas se encuentra en constante redefinición.
