Puebla reforma su Ley de Ciberseguridad y activa alertas por posible censura

Periodistas y activistas temen censura tras reforma en Puebla que penaliza insultos en redes sociales con hasta tres años.

Ricardo Velez · Hace 5 minutos
Puebla reforma su Ley de Ciberseguridad y activa alertas por posible censura

La reciente reforma a la Ley de Ciberseguridad en Puebla ha encendido las alarmas entre periodistas y organizaciones civiles. A partir del 13 de junio, se añadieron nuevos delitos al Código Penal, incluyendo usurpación de identidad, espionaje digital y, especialmente, ciberasedio. Este último contempla penas de once meses a tres años de prisión, además de multas económicas, por insultar, injuriar u ofender a alguien a través de redes sociales.

El corazón del conflicto está en el Artículo 278 Decies, que amplía el alcance de la ley bajo el argumento de proteger a menores en entornos digitales. Sin embargo, agrupaciones como Artículo 19 y la Red de Periodistas de Puebla denuncian que la redacción ambigua permite la aplicación arbitraria del delito, en especial contra medios de comunicación y periodistas críticos. En su comunicado, advierten que la norma violenta la libertad de expresión, el principio de legalidad penal y carece del respaldo de expertos en ciberseguridad.

Según estos colectivos, Puebla ha iniciado 22 procesos judiciales contra periodistas en los últimos siete años, lo que refuerza el temor de que esta legislación incremente el acoso judicial. Además, organizaciones como Ciudadanía Organizada han calificado la medida como una “Ley Mordaza” y exigen su suspensión inmediata hasta garantizar que no vulnera derechos constitucionales.

Ante la crítica, Laura Artemisa, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso local, ha defendido la reforma como una herramienta de protección para niños y adolescentes. Asegura que la ley no limita la libertad de expresión, sino que fortalece los derechos digitales. Pese a ello, continúa el llamado de las organizaciones a revisar a fondo esta legislación antes de que se convierta en un nuevo instrumento de persecución.

El debate sigue abierto, y el futuro de esta reforma podría sentar un precedente a nivel nacional.

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