Senado avala ley antilavado; Hacienda gana más poder
En sesión extraordinaria, el Senado aprobó reformas a la ley contra el lavado de dinero.
En sesión extraordinaria, el Senado de la República aprobó diversas reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), también conocida como “ley contra el lavado de dinero”.
Con una modificación de Lucía Trasviña, la iniciativa impulsada por Morena y sus aliados, buscan fortalecer la capacidad del Estado mexicano para detectar e impedir operaciones financieras ilícitas, así como el financiamiento al terrorismo.
La reforma otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda mayores atribuciones, como la facultad de congelar cuentas bancarias ante la presunción de delitos financieros, e incluso actuar como víctima en casos que afecten al sistema financiero.
Esto permitirá a la UIF coadyuvar activamente en investigaciones penales y colaborar con autoridades nacionales e internacionales en la lucha contra el lavado de dinero y la corrupción.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que no se trata de una reforma técnica más, sino de una acción de Estado con vocación de justicia.
“Es un mensaje fuerte: En México ya no mandan los corruptos ni el crimen. Hoy manda el pueblo mexicano”, sostuvo y añadió que los estándares internacionales respaldan la identificación de personas políticamente expuestas, como una medida preventiva clave.
La reforma introduce el concepto de persona políticamente expuesta, definida como toda persona que ejerza o haya ejercido funciones públicas en México o en el extranjero, así como personas relacionadas con ellas, como familiares o asociados, siempre que cumplan los criterios que Hacienda establecerá mediante disposiciones generales.
Según Morena, esta medida busca cerrar rutas de impunidad, al incluir a quienes podrían facilitar el uso del sistema financiero con fines ilícitos.
Sin embargo, la oposición votó en contra. El panista Francisco Ramírez Acuña señaló que se requiere una ley firme, pero también que respete los derechos y las garantías legales.
“No queremos una ley que vigile todo. Queremos una que distinga entre proteger y espiar”, advirtió el legislador del PAN.
La senadora Anabel Ávalos, del PRI, aseguró que la reforma vulnera la presunción de inocencia y no garantiza recursos legales eficaces ante sanciones injustas.
“Se parte del supuesto de que toda organización es sospechosa. Esto no es justicia, es arbitrariedad”, declaró. Añadió que la centralización del control en Hacienda atenta contra el federalismo y la autonomía organizativa.
Por su parte, María del Rocío Corona, del Partido Verde, respaldó la reforma al señalar que el poder criminal también se ejerce desde despachos e inmobiliarias, no sólo con violencia.
“Seguir la ruta del dinero es clave. Con esta reforma cerramos caminos al crimen, sin perder de vista la protección del interés público con mecanismos compatibles con estándares internacionales”, afirmó.
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