Sheinbaum propone descalificar a candidatos al Poder Judicial con vínculos delictivos
Sheinbaum enfatizó la importancia de garantizar que quienes imparten justicia en México sean personas de probada honestidad y sin nexos con grupos criminales.
En un movimiento que busca fortalecer la integridad del sistema judicial mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum ha propuesto la descalificación de candidatos a juzgadores que tengan vínculos comprobados con actividades delictivas. La propuesta, realizada durante su conferencia de prensa matutina, surge en un contexto de creciente preocupación por la influencia del crimen organizado en las instituciones del país.
Sheinbaum enfatizó la importancia de garantizar que quienes imparten justicia en México sean personas de probada honestidad y sin nexos con grupos criminales. «No podemos permitir que el sistema judicial sea infiltrado por individuos que comprometan su imparcialidad y la confianza de la ciudadanía», declaró la mandataria.
La propuesta de la presidenta ha generado un intenso debate en el ámbito político y jurídico. Algunos sectores han expresado su respaldo, argumentando que es fundamental asegurar la transparencia y la rendición de cuentas en el proceso de selección de juzgadores. Otros, en cambio, han manifestado inquietudes sobre la posible vulneración de derechos y la necesidad de establecer criterios claros y objetivos para determinar los vínculos delictivos.
Puntos clave de la propuesta:
- Establecimiento de mecanismos de investigación y verificación exhaustivos para identificar posibles vínculos de candidatos con el crimen organizado.
- Colaboración entre el Poder Judicial, la Fiscalía General de la República y otras instituciones relevantes para el intercambio de información.
- Garantía de transparencia y debido proceso en la evaluación de los candidatos, respetando sus derechos y presunción de inocencia.
- La presidenta aclaro que la ultima decision la tomaria el Tribunal electoral del poder judicial de la federación (TEPJF).
La propuesta de Sheinbaum se suma a una serie de iniciativas gubernamentales destinadas a combatir la corrupción y fortalecer el Estado de Derecho en México. La lucha contra la impunidad y la garantía de un sistema judicial íntegro se han convertido en prioridades clave de su administración.
