Silvia Delgado: ¿Justicia ciudadana o puerta trasera del poder criminal?
Silvia Delgado, ex abogada de "El Chapo", ganó un juzgado penal en Chihuahua tras inéditas elecciones judiciales. Su elección genera debate por su pasado.
El reciente triunfo de Silvia Delgado —ex abogada del narcotraficante Joaquín «El Chapo» Guzmán— en las elecciones judiciales del estado de Chihuahua, vuelve a encender una de las preguntas más delicadas en México: ¿puede garantizarse una justicia independiente cuando sus cargos se ganan en las urnas?
El caso de Delgado no es aislado. Representa, más bien, el rostro visible de un experimento democrático sin precedentes en América Latina y, posiblemente, en el mundo: la elección directa de jueces y magistrados por voto popular. Una idea impulsada bajo la bandera de «democratizar el Poder Judicial», pero que ha generado un intenso debate entre constitucionalistas, organizaciones civiles y actores internacionales.
¿Quién es Silvia Delgado y por qué genera polémica?
Silvia Delgado es una abogada con años de experiencia en materia penal. Sin embargo, su nombre trascendió a la esfera pública por haber formado parte de la defensa legal de Joaquín Guzmán Loera, uno de los capos más notorios del narcotráfico mundial. Esta relación —aunque legalmente válida— ha sido suficiente para que su postulación fuera señalada como “de alto riesgo” por organizaciones como Defensorxs, que monitorean la transparencia y el perfil de aspirantes al poder judicial.
Delgado ha declarado públicamente que su vínculo con “El Chapo” fue meramente profesional, y que como abogada tiene el deber de ofrecer defensa incluso a los acusados más polémicos, en cumplimiento del debido proceso. No obstante, su postulación fue vista por muchos como una muestra del peligro de abrir las puertas del sistema judicial a candidaturas sin filtros suficientes ni mecanismos de control de antecedentes o conflictos de interés.
Un experimento democrático bajo fuego
La elección del 1 de junio, en la que los ciudadanos eligieron por primera vez a jueces y magistrados locales en algunas entidades, fue presentada por sus impulsores como un acto revolucionario en favor de la participación ciudadana. Sin embargo, el experimento se topó con varios problemas:
- Participación extremadamente baja: La apatía o desinformación generalizada redujo el número de votantes al mínimo, permitiendo que candidaturas con bajo escrutinio llegaran al poder por márgenes muy reducidos.
- Vulnerabilidad ante intereses oscuros: La elección de jueces mediante voto popular, sin contrapesos técnicos o comités especializados, abre la posibilidad de que actores con poder económico —como partidos o grupos del crimen organizado— influyan en las campañas y resultados.
- Desprofesionalización del sistema judicial: Aunque muchos candidatos tienen trayectoria legal, la dinámica electoral tiende a premiar la popularidad sobre la preparación técnica o ética.
¿Una justicia más cercana o más cooptada?
El nombramiento de Delgado —de ser confirmado— se dará en Ciudad Juárez, una de las ciudades más sensibles del país en términos de violencia y narcotráfico, y que comparte frontera directa con Estados Unidos. ¿Qué mensaje se envía a la ciudadanía al colocar en una posición clave a alguien con antecedentes de defensa a un criminal de alto perfil? ¿Puede una jueza con ese pasado emitir sentencias imparciales en casos ligados al crimen organizado?
Los defensores del nuevo modelo electoral judicial argumentan que no debe juzgarse a nadie por su pasado profesional si no existen pruebas de actos ilícitos. Pero los críticos advierten que, sin mecanismos de evaluación ética, patrimonial y de relaciones, el riesgo de infiltración del crimen en el poder judicial es demasiado alto para ignorarlo.
¿Hacia dónde va la justicia en México?
La elección de Silvia Delgado debe ser vista como un llamado de atención más que como un hecho aislado. México se encuentra en una encrucijada: democratizar su sistema judicial sin debilitar sus principios fundamentales. ¿Es viable una justicia electa por voto popular en un país con altos niveles de impunidad, violencia e injerencia criminal?
Sin una reforma más profunda que combine participación ciudadana con estrictos filtros técnicos, éticos y legales, lo que hoy se presenta como una innovación democrática podría derivar en un arma de doble filo. Y en ese juego, la justicia —y la confianza pública en ella— pueden ser las principales víctimas.
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