Proponen subir a 21 años la edad mínima para consumir alcohol

El consumo de alcohol en México es un fenómeno profundamente arraigado en la cultura social, pero también es una de las principales causas de violencia, enfermedades y pérdidas económicas en el país. A pesar de su presencia constante en celebraciones, reuniones familiares y espacios recreativos, los efectos negativos del consumo excesivo siguen siendo ignorados por la mayoría de las instituciones, autoridades y la propia ciudadanía.

De acuerdo con estimaciones recientes de expertos en salud pública, seguridad y economía, los costos directos e indirectos del consumo de alcohol superan los 552 mil millones de pesos anuales. Esta cifra abarca desde gastos médicos y hospitalarios hasta pérdidas en productividad laboral, accidentes de tránsito, violencia intrafamiliar y crímenes relacionados con el abuso de bebidas embriagantes.

Alcohol y violencia: un vínculo peligroso

Uno de los aspectos más alarmantes es la relación directa entre el consumo de alcohol y la violencia, particularmente la violencia de género y los homicidios. En numerosos casos documentados, los agresores actuaron bajo los efectos del alcohol. La intoxicación alcohólica se ha identificado como un factor común en casos de feminicidios, riñas callejeras, suicidios y violencia infantil.

“El alcohol no solo afecta al consumidor. Tiene un efecto multiplicador en el entorno familiar y social. Muchos casos de agresión se cometen en estado de ebriedad, lo cual agrava el problema de seguridad pública”, advirtió una especialista del Instituto Nacional de Psiquiatría.

La invisibilidad institucional

Pese a estas cifras, el problema sigue sin ocupar un lugar prioritario en las políticas públicas. Parte de esta indiferencia se debe a la normalización social del consumo, que lo asocia con diversión y convivencia, y a los intereses comerciales que obstaculizan regulaciones más estrictas.

Las campañas de prevención son escasas y, en muchos casos, ineficaces. Además, la industria del alcohol ha ejercido una fuerte presión para evitar cambios significativos en la legislación.

Propuestas de solución: regular y prevenir

Ante este panorama, especialistas y organizaciones civiles han propuesto medidas concretas:

• Elevar la edad mínima legal para consumir alcohol de 18 a 21 años, una práctica ya adoptada en otros países con resultados positivos. Esta medida busca retrasar el inicio del consumo, reducir riesgos en adolescentes y prevenir adicciones a largo plazo.
• Incrementar los impuestos a las bebidas alcohólicas, tanto por razones de salud pública como de control fiscal. Estudios internacionales demuestran que el aumento de precios reduce el consumo, especialmente en sectores vulnerables.
• Invertir en campañas de concientización, programas de prevención y atención a las adicciones, para fomentar una cultura de responsabilidad y autocuidado.

Un llamado urgente a la acción

Los expertos advierten que el país enfrenta una emergencia silenciosa. Mientras el alcohol se siga considerando inofensivo o “parte de la vida”, sus verdaderas consecuencias seguirán cobrando vidas, deteriorando familias y drenando recursos públicos.

“La solución no está en prohibir, sino en educar, regular y actuar con decisión. Necesitamos dejar de mirar hacia otro lado y reconocer el daño que esta sustancia está causando”, concluyen.

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