14 millones salieron de la pobreza, pero la batalla no ha terminado

En agosto de 2025 se difundió un dato que podría marcar un antes y un después en la conversación pública de México: con base en la medición 2024 elaborada y publicada por el INEGI, casi 14 millones de personas dejaron de vivir en pobreza multidimensional respecto a 2016. El número, que podría parecer frío, es en realidad la historia de millones de mexicanas y mexicanos que hoy cuentan con un techo más digno, acceso a educación, servicios de salud o seguridad social. También es la señal de que, cuando el ingreso mejora y los programas sociales llegan a quienes más lo necesitan, las carencias retroceden. Sin embargo, este logro no está exento de contrastes, porque aún cuatro de cada diez personas siguen atrapadas en privaciones graves. El país avanza, sí, pero lo hace a dos velocidades.

El dato que cambia la historia es claro: la proporción de población en situación de pobreza pasó de 43.2 % en 2016 a 29.6 % en 2024. En términos absolutos, se traduce en una reducción de 13.7 millones de personas, lo que acerca a México a un punto inédito en la última década. No se trata únicamente de más dinero en los bolsillos; significa que más familias cuentan con acceso a derechos básicos y con un entorno material más estable. Desde la óptica de la Ingeniería Política, convendría leer este fenómeno como el resultado de un sistema en el que distintos engranes —ingresos laborales, transferencias públicas y acceso a servicios— se alinearon para producir un cambio tangible en las condiciones de vida.

Pero el país avanza a dos velocidades. Mientras en estados del norte como Nuevo León, Baja California y Baja California Sur la pobreza afecta a menos de una de cada diez personas, en Chiapas, Guerrero y Oaxaca más de la mitad de la población sigue en esa condición. En Chiapas, de hecho, más de una cuarta parte vive en pobreza extrema. La geografía del bienestar muestra un país fragmentado: un norte urbano e industrial que concentra empleos formales y servicios, y un sur rural que enfrenta barreras estructurales de infraestructura, conectividad y acceso a la seguridad social. Si no se cierra esta brecha territorial, cualquier avance nacional corre el riesgo de ser percibido como una estadística que beneficia solo a unos cuantos.

¿Qué carencias siguen doliendo? La mayor deuda está en la seguridad social: 48.2 % de la población, alrededor de 62 millones de personas, no cuenta con ella. En salud, la cobertura tampoco es universal: 34.2 % —unos 44.5 millones— carece de acceso. En vivienda se observan mejoras, pero aún 7.9 % de mexicanas y mexicanos vive con problemas graves de calidad o espacio, y 14.1 % no dispone de servicios básicos como agua potable o drenaje. La alimentación es otro frente abierto: 14.4 % de la población, es decir, cerca de 18.8 millones de personas, enfrenta carencia alimentaria. En educación, más de 6 millones siguen en rezago, un recordatorio de que el círculo de la desigualdad no se rompe sin inversión sostenida en el conocimiento.

Los apoyos sociales sí hacen la diferencia. Sin las transferencias —pensiones, becas, programas alimentarios—, la pobreza extrema habría sido de 6.9 %, pero gracias a ellas se ubicó en 5.3 %. Esa diferencia equivale a casi dos millones de personas que evitaron caer en la franja más crítica. En términos sencillos, esto significó que miles de hogares pudieran costear alimentos, medicinas o servicios básicos que de otra forma hubieran estado fuera de su alcance. El mensaje es claro: los programas sociales no son dádivas; son instrumentos de política pública que, bien aplicados, salvan vidas y transforman trayectorias.

Sin embargo, depender exclusivamente de transferencias no sería suficiente. Para consolidar y ampliar los avances habría que apostar por empleo formal con prestaciones, por un sistema de salud robusto, por educación pública de calidad y por infraestructura básica en comunidades donde hoy sigue faltando agua potable, drenaje o conectividad. Las transferencias deben verse como un piso de apoyo, pero no como un sustituto de los derechos universales. Si no se garantiza seguridad social y servicios básicos, las cifras podrían revertirse en cualquier crisis económica.

Vale también explicar qué entendemos por pobreza multidimensional. No es solo la falta de ingresos. Es la combinación de un ingreso insuficiente para adquirir la canasta básica alimentaria y no alimentaria, más al menos una de seis carencias sociales: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a alimentación nutritiva y de calidad. En otras palabras, una persona deja de ser considerada pobre multidimensional no solo cuando gana más, sino cuando, además, logra acceder a derechos que le permiten vivir con dignidad.

La pregunta clave para mexicanas y mexicanos sería: ¿qué significa todo esto en su vida diaria? Si hay más comida en la mesa, si hijas e hijos pueden seguir estudiando, si existe un empleo estable o si se puede atender una enfermedad sin endeudarse, entonces el progreso se siente en carne propia. Pero si sigue faltando agua potable, si no hay acceso a seguridad social o si persiste el hambre, las cifras nacionales pueden parecer lejanas. Por eso la política pública tendría que ser quirúrgica: identificar territorios, cerrar brechas y dirigir con precisión los recursos a quienes más lo necesitan.

La reducción de la pobreza multidimensional en México a su nivel más bajo en una década demuestra que los avances son posibles cuando el ingreso mejora, los programas sociales llegan a quienes más lo necesitan y se fortalecen derechos básicos; sin embargo, también revela que el país sigue partido en dos: uno que avanza con mayor bienestar y otro que permanece atrapado en carencias profundas. La verdadera prueba hacia el futuro no será solo mantener esta tendencia, sino convertirla en política de Estado que cierre las brechas territoriales, garantice seguridad social, salud, educación y vivienda para todas y todos, y haga que las cifras se traduzcan en vidas más dignas. Solo así México dejará de correr a dos velocidades y podrá caminar unido hacia un desarrollo justo y sostenible.

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