Fin a la venta anónima de chips de celulares: ¿qué cambiará para usuarios y seguridad?

Ahora cada SIM deberá adquirirse con registro de identidad oficial.

Ricardo Velez ·  09 DE OCTUBRE DE 2025
Fin a la venta anónima de chips de celulares: ¿qué cambiará para usuarios y seguridad?

El gobierno federal se prepara para implementar una estrategia que pondrá fin a la venta anónima de chips celulares, con el objetivo de combatir la extorsión telefónica y otros delitos digitales que se valen del anonimato.

La medida exigirá que cada tarjeta SIM se adquiera con registro oficial de identidad, incluyendo nombre, datos personales y una identificación vigente. Se han realizado pruebas piloto en distintos estados para afinar el mecanismo de verificación, que busca reducir las llamadas ilícitas y facilitar su rastreo.

El plan será encabezado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con el respaldo de dependencias federales que fortalecerán los controles sobre la adquisición de líneas móviles. Según el proyecto, eliminar el anonimato de las SIM permitirá crear una cadena de responsabilidad más clara en caso de delitos cometidos mediante teléfonos prepagados.

Registro obligatorio de SIM

Bajo el nuevo esquema, los usuarios deberán presentar identificación oficial y posiblemente un comprobante de domicilio al momento de la compra. Tiendas y centros de telecomunicaciones ya han sido informados de que los chips sin registro desaparecerán o quedarán sujetos a una regulación más estricta, lo que afectará principalmente a zonas rurales y puntos de venta informales.

La medida responde al uso frecuente de líneas prepagadas anónimas por parte de grupos delictivos, un recurso clave para evadir la localización. No obstante, expertos advierten de desafíos técnicos y logísticos, como la instalación de sistemas de verificación o la protección de datos personales para evitar abusos y vulneraciones de privacidad.

Mientras el proyecto avanza, usuarios en redes sociales se muestran divididos: algunos celebran la medida por su potencial contra la delincuencia, mientras otros temen trámites más complejos y un control excesivo del Estado sobre la comunicación móvil.

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