Congreso busca aplazar elección judicial a 2028 en fast track
El Congreso mexicano prevé aprobar por vía rápida la reforma impulsada por Claudia Sheinbaum para mover la elección judicial de 2027 a 2028.
El Congreso de la Unión se prepara para discutir y aprobar por la vía rápida una nueva modificación constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de aplazar hasta 2028 la próxima elección judicial federal originalmente prevista para 2027.
La iniciativa será discutida durante un periodo extraordinario que podría convocarse esta misma semana, en medio de críticas por la complejidad del nuevo modelo de elección popular de jueces y magistrados implementado tras la reforma judicial de 2024.
Monreal confirma periodo extraordinario
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, confirmó que la Comisión Permanente definirá el próximo 21 de mayo la convocatoria para un periodo extraordinario.
De acuerdo con el calendario legislativo:
- el dictamen sería discutido en comisiones el lunes,
- votado en el pleno al día siguiente,
- y posteriormente enviado al Senado y congresos estatales para su ratificación.
El objetivo, explicó Monreal, es concluir el proceso constitucional antes de que termine mayo.
¿Por qué quieren mover la elección judicial?
La propuesta busca evitar que la elección judicial coincida con las elecciones federales y locales de 2027, cuando México renovará:
- la Cámara de Diputados,
- 17 gubernaturas,
- congresos locales,
- alcaldías,
- y otros cargos públicos.
El gobierno federal argumenta que realizar simultáneamente ambos procesos provocaría:
- boletas excesivamente complejas,
- saturación operativa,
- confusión ciudadana,
- y mayores riesgos de desinformación electoral.
“Todos coinciden en que es conveniente la no concurrencia de la elección”, afirmó Monreal.
Las críticas tras la primera elección judicial
La decisión surge después de la polémica elección judicial de 2025, considerada histórica por ser la primera vez que jueces y magistrados fueron elegidos mediante voto popular en México.
Sin embargo, el proceso enfrentó fuertes cuestionamientos por:
- la complejidad de las boletas,
- el elevado número de candidaturas,
- baja participación ciudadana,
- y denuncias sobre “acordeones” electorales.
La participación apenas rondó el 13 por ciento del padrón electoral.
Diversos especialistas señalaron que muchos ciudadanos tuvieron dificultades para identificar perfiles, trayectorias y propuestas de los aspirantes.
¿Qué cambios contempla la nueva reforma?
Además del aplazamiento a 2028, la iniciativa impulsada por el gobierno federal incluiría ajustes al mecanismo electoral judicial.
Entre los principales cambios destacan:
Reducción de candidatos
Las autoridades buscan disminuir el número de aspirantes por cargo para simplificar las boletas y evitar listas masivas distribuidas ilegalmente para orientar el voto.
Simplificación de la votación
El modelo electoral también sería rediseñado para facilitar el proceso de selección ciudadana.
Ajustes organizativos
La reforma buscaría coordinar mejor:
- autoridades electorales,
- órganos judiciales,
- y mecanismos de evaluación de candidaturas.
Miles de cargos judiciales entrarían en juego
Según datos expuestos por legisladores oficialistas, la elección prevista originalmente para 2027 contemplaba:
- 463 magistrados de tribunales colegiados,
- 385 jueces de distrito,
- y miles de cargos judiciales locales.
La magnitud del proceso generó preocupación incluso entre algunos sectores políticos que respaldaron inicialmente la reforma judicial.
Oposición critica rapidez legislativa
La vicecoordinadora del PAN en San Lázaro, Kenia López Rabadán, advirtió que el Congreso enfrenta tiempos límite para modificar reglas electorales antes del inicio formal del proceso electoral de 2027.
Aunque reconoció que la discusión abre la puerta para corregir deficiencias del nuevo modelo judicial, también criticó la intención de aprobar cambios constitucionales nuevamente en fast track.
Reforma judicial sigue polarizando al país
La reforma judicial impulsada por el oficialismo se mantiene como uno de los temas más polémicos del actual sexenio.
Mientras el gobierno sostiene que la elección popular democratiza al Poder Judicial, críticos argumentan que:
- politiza la justicia,
- debilita contrapesos institucionales,
- y puede favorecer estructuras partidistas.
La nueva modificación constitucional anticipa que el debate sobre el futuro del sistema judicial mexicano continuará durante los próximos años.
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