Nueva ley en México obligaría a Netflix, Uber y Amazon a entregar datos de usuarios a la justicia
Un nuevo proyecto de ley exige que plataformas como Netflix, Uber y Amazon compartan datos de usuarios con autoridades mexicanas.
En México, un nuevo proyecto de ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión busca obligar a empresas como Telcel, AT&T, Netflix, Uber y Amazon a entregar información de sus usuarios a las autoridades judiciales para fines de investigación.
La propuesta, enviada por el Ejecutivo, establece medidas estrictas sobre el manejo de datos personales y la colaboración con instituciones de seguridad y justicia.
De acuerdo con el documento, las compañías que no cumplan o entreguen datos erróneos podrían enfrentar sanciones de hasta el 4% de sus ingresos anuales. La ley contempla tanto a operadores de telecomunicaciones como a proveedores de servicios digitales, quienes deberán proporcionar información cuando sea requerida oficialmente.
El artículo 159 del proyecto indica que esta obligación incluye tanto a usuarios de servicios pospago como prepago, lo que implicaría que quienes usen líneas telefónicas prepago deberán registrar sus datos personales para poder activarlas. Además, el artículo 160 exige mantener un registro detallado de las comunicaciones realizadas desde cualquier dispositivo o plataforma digital.
Las empresas tendrán un plazo máximo de 24 horas para entregar la información solicitada tras la notificación oficial. Si no cumplen, las multas podrían representar una fuerte carga financiera.
A pesar del alcance de la iniciativa, el proyecto no especifica los mecanismos judiciales que controlarán el acceso a los datos ni si los usuarios serán informados cuando su información sea utilizada en investigaciones. Esto ha generado preocupación entre organizaciones defensoras de la privacidad y expertos en derechos digitales.
La propuesta representa un cambio significativo en la regulación del uso de datos personales en México, y abre un debate sobre el equilibrio entre la seguridad pública y la protección de la privacidad ciudadana.
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