CDMX apuesta por consulta ciudadana y reformas legales para frenar la gentrificación
La consulta ciudadana será un eje central del proceso, y se llevará a cabo en dos fases: una consulta digital abierta a toda la población y una serie de ejercicios presenciales en las alcaldías más afectadas.
El Gobierno de la Ciudad de México ha anunciado una consulta ciudadana y una serie de reformas legales orientadas a combatir los efectos negativos de la gentrificación, un fenómeno que ha transformado barrios tradicionales y desplazado a miles de residentes debido al aumento en el costo de vida y la especulación inmobiliaria.
El anuncio fue hecho por autoridades locales como parte de una estrategia integral para garantizar el derecho a la ciudad, proteger la diversidad cultural y preservar el tejido social de las comunidades más vulnerables al fenómeno.
“Queremos que las y los capitalinos participen activamente en las decisiones que afectan a sus colonias. No se trata de frenar el desarrollo, sino de asegurar que éste sea equitativo y no excluyente”, señaló la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al presentar el plan que contempla mesas de diálogo, foros vecinales y mecanismos de participación directa.
Reforma urbana con justicia social
Las reformas legales en proceso incluyen la modificación de normas de uso de suelo, nuevos límites a los proyectos de Airbnb y plataformas similares, así como incentivos para la vivienda social y el fortalecimiento del arrendamiento accesible.
Asimismo, se busca establecer zonas de protección habitacional en colonias con alto valor histórico y cultural, como la Roma, Condesa, Santa María la Ribera y Coyoacán, entre otras.
Participación ciudadana clave
La consulta ciudadana será un eje central del proceso, y se llevará a cabo en dos fases: una consulta digital abierta a toda la población y una serie de ejercicios presenciales en las alcaldías más afectadas. Los resultados servirán para afinar la legislación y garantizar que las acciones respondan a las necesidades reales de los habitantes.
Organizaciones vecinales y colectivos urbanos han celebrado la iniciativa, aunque también han exigido mayor claridad en los mecanismos de control a los grandes desarrollos inmobiliarios y una fiscalización efectiva del sector turístico de corto plazo.
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