Sheinbaum presenta iniciativa de Ley General contra el feminicidio; propone hasta 70 años de prisión
Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de Ley General contra el feminicidio con 52 artículos, homologación de protocolos y penas de 40 a 70 años de prisión.
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó este martes una iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio, una propuesta con la que el gobierno federal busca establecer criterios homogéneos en todo el país para la investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, combatir la impunidad y fortalecer la protección institucional frente a la violencia feminicida. La iniciativa contempla 52 artículos y plantea penas de 40 a 70 años de prisión para quien cometa este delito.
Durante su conferencia matutina del martes 24 de marzo de 2026, Sheinbaum sostuvo que el objetivo es que todas las fiscalías del país cuenten con una ley general que permita investigar correctamente los casos, sancionar a los responsables y desarrollar políticas públicas orientadas a la prevención. La mandataria afirmó que se trata de una reforma que, en su visión, debería contar con amplio consenso, al considerar que nadie tendría que oponerse a que la muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio y cuente con protocolos claros para castigar a quien resulte responsable.
Qué propone la nueva Ley General contra el feminicidio
La propuesta presentada por el Ejecutivo federal busca dar un paso más allá de la tipificación penal dispersa entre entidades federativas. La intención central es homologar protocolos de investigación, reducir vacíos entre estados y garantizar que exista un marco nacional que obligue a las autoridades a actuar con una misma lógica jurídica y de protección a víctimas. Según lo informado durante la mañanera, la ley no solo plantea sanciones penales, sino también mecanismos de prevención, investigación, reparación del daño y construcción de un sistema de protección para mujeres en riesgo de violencia feminicida.
Sheinbaum explicó que el feminicidio debe entenderse como el caso en que existe un homicidio de una mujer por el hecho de ser mujer, es decir, cuando la violencia letal está atravesada por razones de género. Esa definición política y jurídica busca reforzar la diferencia entre un homicidio común y un feminicidio, una discusión que durante años ha marcado los debates en México sobre clasificación del delito, acceso a la justicia y niveles de impunidad.
Penas de 40 a 70 años y castigo también a la tentativa
De acuerdo con la explicación ofrecida por Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República, el tipo penal que se propone establece que comete feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género. La iniciativa contempla una sanción de 40 a 70 años de prisión, mientras que la tentativa también sería castigada con pena de cárcel que iría de la mitad hasta dos terceras partes de la pena prevista para el delito consumado.
Ese punto es relevante porque amplía el margen de persecución penal y envía la señal de que la violencia feminicida no solo debe sancionarse cuando culmina en la muerte de la víctima, sino también cuando existen actos encaminados a consumarla. En términos legislativos, esa redacción puede reforzar la capacidad del Ministerio Público para judicializar agresiones graves con componente de género antes de que lleguen a su desenlace más extremo. Esta lectura es una inferencia periodística a partir del alcance penal descrito en la presentación oficial.
Las nueve razones de género y las 21 agravantes
Uno de los ejes más importantes de la iniciativa es la definición de nueve razones de género que permitirían acreditar el feminicidio. Entre ellas se mencionan signos de violencia sexual, antecedentes de violencia contra la víctima, conductas motivadas por prejuicios o estereotipos y contextos de asimetría de poder. Con ello, el gobierno busca establecer una base común para que las fiscalías no dependan de criterios dispares al momento de abrir carpetas o formular imputaciones.
Además, la propuesta incorpora 21 agravantes, entre las que figuran supuestos como que la víctima sea niña, adolescente, adulta mayor, mujer embarazada o persona con discapacidad. También se contempla como agravante que la víctima sea periodista, defensora de derechos humanos o migrante, así como que el delito sea cometido por una persona servidora pública. Otro punto que destaca es el reconocimiento de violencias específicas, como agresiones con ácido o sustancias inflamantes, dentro de los contextos que agravan la responsabilidad penal.
Por qué se requiere una reforma constitucional previa
La propia Ernestina Godoy detalló que, para que el Congreso pueda expedir esta ley general, primero se requiere una reforma constitucional al inciso A de la fracción XXI del artículo 73, con el fin de otorgarle expresamente esa facultad al Congreso de la Unión. Por ello, el paquete legislativo contempla no solo el contenido de la nueva ley, sino también la modificación constitucional que haría jurídicamente posible su emisión.
Ese detalle no es menor. Significa que la ruta legislativa no será automática: antes de discutir a fondo la ley general, el Congreso tendrá que aprobar el cambio constitucional correspondiente. En términos políticos, esto obliga a construir una mayoría suficiente y convierte la propuesta en una reforma de mayor calado, no solo en una modificación legal ordinaria. Esta interpretación deriva del procedimiento legislativo mencionado durante la presentación oficial.
La apuesta del gobierno: homologar criterios y cerrar espacios de impunidad
El problema que la iniciativa intenta atender tiene una dimensión nacional: en México, la investigación del feminicidio ha estado marcada por diferencias entre códigos estatales, deficiencias ministeriales y disputas sobre cuándo una muerte violenta de mujer debe investigarse con perspectiva de género. En ese contexto, el gobierno federal plantea una ley general como una herramienta para homologar criterios, obligar a todas las fiscalías a seguir estándares comunes y reducir espacios de discrecionalidad que, en la práctica, suelen traducirse en impunidad. Esta conclusión es una inferencia razonable a partir del objetivo declarado por Sheinbaum de unificar protocolos y fortalecer la acción de las fiscalías.
La mandataria adelantó que la propuesta sería enviada este mismo martes 24 de marzo, o a más tardar al día siguiente, al Senado de la República, cámara que fungirá como punto de arranque de la discusión legislativa. Ahí comenzará el debate sobre una reforma que apunta a convertirse en uno de los temas de mayor sensibilidad política y social en la agenda del Congreso.
