Claudia Sheinbaum envía iniciativa para crear Ley General de Feminicidio en México
El Senado recibió la iniciativa de Claudia Sheinbaum para crear una Ley General de Feminicidio y unificar criterios en todo México. Esto propone la reforma.
El Senado de la República recibió una iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para crear una Ley General de feminicidio, con el objetivo de establecer criterios homogéneos en todo el país.
La propuesta plantea reformar el artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso a emitir esta legislación de carácter nacional.
¿Qué propone la iniciativa?
La reforma busca modificar la fracción XXI, inciso a), del artículo 73 constitucional, lo que permitiría:
- Crear una Ley General de Feminicidio
- Unificar la tipificación del delito en todo México
- Establecer criterios comunes de investigación
- Homologar procesos judiciales en las entidades
Con ello, se pretende evitar diferencias legales entre estados que actualmente dificultan la correcta persecución del delito.
Senado analizará la propuesta
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, informó que la iniciativa ya fue turnada para su análisis en la Cámara Alta.
La legisladora destacó que el objetivo es avanzar hacia un marco legal más sólido que permita prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres.
“Analizaremos esta importante propuesta que nos permitirá legislar para que nunca más una mujer muera con violencia por el solo hecho de ser mujer”, expresó.
Un problema que exige respuesta nacional
El feminicidio es uno de los delitos más graves en México y su tratamiento legal ha sido desigual entre entidades federativas.
Especialistas han señalado que la falta de criterios uniformes puede generar:
- Dificultades en la investigación
- Diferencias en la clasificación del delito
- Impunidad en algunos casos
La creación de una ley general busca cerrar estas brechas y fortalecer la respuesta institucional.
Hacia una legislación nacional
De aprobarse la reforma, el Congreso de la Unión tendría la facultad de emitir una ley aplicable en todo el país, obligando a las autoridades locales a seguir lineamientos comunes.
Esto representaría un paso clave en la construcción de una política nacional más efectiva contra la violencia de género.
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