Consolidar el bienestar: crecimiento, inclusión y resiliencia como ejes del desarrollo
La columna analiza los retos y oportunidades que enfrenta México para consolidar un bienestar duradero. Propone una visión de desarrollo basada en crecimiento inclusivo, inversión social eficiente e infraestructura resiliente, ante desafíos internos y tensiones económicas globales.
Durante los últimos años, se ha registrado en México un avance notable en materia de reducción de pobreza y expansión de programas sociales; sin embargo, persisten desafíos estructurales que podrían revertir los logros alcanzados si no se actúa con visión de Estado. En el actual contexto político y económico, resulta indispensable consolidar el bienestar como un proyecto nacional permanente, basado en crecimiento inclusivo, inversión social estratégica e infraestructura resiliente. Esta columna propone abordar las claves para edificar un futuro sostenible y equitativo, mas allá de ciclos sexenales.
Entre 2018 y 2022, de acuerdo con el Informe de Pobreza y Equidad del Banco Mundial, la proporción de mexicanas y mexicanos en situación de pobreza se redujo de 41.9% a 36.3%, y la pobreza extrema bajó de 7.0% a 5.1%, logrando que más de cinco millones de personas abandonaran estas condiciones. Estos avances fueron impulsados principalmente por la expansión de transferencias sociales —como la pensión universal para adultos mayores—, el aumento real del salario mínimo (cercano al 90% en términos reales en dicho periodo) y un entorno de estabilidad macroeconómica hasta 2021. No obstante, se señala que persistieron carencias en salud, educación y vivienda, particularmente en comunidades rurales e indígenas.
El crecimiento económico ha sido insuficiente para consolidar estos avances. México registró un crecimiento del PIB per cápita inferior al 2% promedio anual entre 2015 y 2023, mientras que, para reducir la pobreza al 15.4% en 2030, sería necesario alcanzar una expansión de al menos 2% anual, y para disminuirla al 13.4%, un crecimiento de 3% anual. Sin dinamismo económico, los logros en bienestar corren riesgo de estancarse. Para transformar el crecimiento en inclusión, se requeriría incrementar la participación laboral femenina, actualmente en 46.8%, frente a un promedio de más de 60% en países de la OCDE, así como reducir la informalidad laboral que afecta al 55% de la fuerza de trabajo nacional.
La inversión social estratégica se presenta como un eje indispensable. El gasto social en México representa aproximadamente el 7% del PIB, inferior al promedio de América Latina. Aunque programas como Becas Benito Juárez o Jóvenes Construyendo el Futuro han ampliado la cobertura, la falta de articulación con estrategias de inserción laboral y educativa limita su impacto a largo plazo. Rediseñar los programas para vincular apoyos económicos a capacitación, acceso a servicios de salud y formalización laboral permitiría reducir la transmisión intergeneracional de la pobreza y potenciar el capital humano nacional, cerrando brechas estructurales.
Infraestructura y resiliencia climática deben entenderse como amortiguadores sociales esenciales. La inversión pública en infraestructura alcanzó solo el 2.8% del PIB en 2024, cuando organismos internacionales recomiendan entre 4% y 5% para países emergentes. Mejorar caminos rurales, sistemas de agua potable, redes eléctricas y hospitales en zonas marginadas tendría un efecto multiplicador de entre 1.5 y 2 veces sobre el crecimiento económico. Además, cerca de un tercio de la población mexicana está expuesta a fenómenos climáticos extremos como huracanes, sequías e inundaciones. De no fortalecerse la resiliencia, desastres naturales podrían revertir avances en reducción de pobreza e inclusión social.
El contexto global también plantea riesgos inminentes. Estados Unidos incrementó en abril de 2025 su tasa arancelaria efectiva promedio al 28%, la más alta desde 1901. Aunque el T-MEC protege parte del comercio bilateral, se estima que el 51% de las exportaciones mexicanas podrían verse afectadas por nuevas regulaciones y restricciones indirectas. El endurecimiento arancelario impactaría sectores estratégicos como el automotriz —con un arancel de 25% sobre autos y autopartes fuera del T-MEC— y el agrícola, afectando tanto la competitividad como el ingreso rural. México debería anticipar estos riesgos diversificando mercados, fortaleciendo su infraestructura logística y apostando por sectores como energías renovables y servicios digitales.
En este escenario, el Plan México se posiciona como un instrumento estratégico para consolidar el bienestar nacional y contrarrestar las tensiones geopolíticas derivadas del proteccionismo estadounidense. A través de la sustitución de importaciones, el fortalecimiento del mercado interno, la relocalización de empresas y la capacitación de talento en sectores clave, el Plan busca asegurar que el 50% de las compras públicas y el consumo en sectores estratégicos provengan de producción nacional. Este enfoque permitiría no sólo generar 1.5 millones de empleos especializados y aumentar el contenido nacional en cadenas globales de valor, sino también construir una economía más resiliente, equitativa y competitiva frente a la reconfiguración del comercio internacional.
Frente a estas condiciones, la resiliencia nacional se debería construir desde dentro, fortaleciendo la cohesión social, elevando la productividad y garantizando una red de protección social robusta. Apostar por sectores de alto valor agregado, invertir en infraestructura estratégica y consolidar un mercado interno dinámico sería indispensable para navegar con éxito las tormentas económicas globales.
La consolidación del bienestar requiere entonces, como mínimo, integrar un crecimiento económico mas dinámico, una inversión social mas eficiente, y una infraestructura resiliente a riesgos naturales y económicos. Más que pensar en proyectos de corto plazo, México debería construir consensos de largo plazo en torno a metas claras de equidad, resiliencia y prosperidad compartida. Institucionalizar políticas exitosas y garantizar su continuidad, independientemente de los cambios políticos, sería esencial para fortalecer un modelo de desarrollo sostenido.
En síntesis, consolidar el bienestar en México exige integrar crecimiento inclusivo, inversión social estratégica e infraestructura resiliente cómo ejes permanentes del desarrollo. No basta con reducir la pobreza: es indispensable cerrar brechas, proteger avances y anticipar riesgos globales. La oportunidad histórica está en construir un modelo de Estado que garantice derechos, fortalezca capacidades y promueva resiliencia. México tiene los cimientos; ahora debería edificar un futuro donde la equidad y la prosperidad sean pilares duraderos, más allá de cualquier coyuntura política.
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