Senado aprueba reforma a Ley Antilavado

El Senado de la República aprobó con 74 votos a favor, 13 en contra y 20 abstenciones la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI). Impulsada por el senador Javier Corral, la reforma busca cumplir con recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que este año evaluará a México en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Entre los cambios más relevantes destacan la ampliación del concepto de “beneficiario controlador”, la inclusión de nuevas actividades vulnerables como desarrollo inmobiliario, fideicomisos y activos virtuales, así como la incorporación del concepto de “persona políticamente expuesta”. Este último generó preocupación tanto en la oposición como en legisladores de Morena, por la amplitud y posible alcance de la definición.

Durante la discusión, varios senadores advirtieron sobre un riesgo de militarización, ya que la reforma contempla cooperación entre Hacienda y la Guardia Nacional. También se cuestionó la eficacia de las instituciones mexicanas frente a señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que vinculó a bancos como CIBanco, Intercam y Vector con presuntas actividades de lavado de dinero.

Legisladores como Claudia Anaya (PRI) y Francisco Javier Ramírez (PAN) señalaron que la reforma podría vulnerar libertades ciudadanas y perseguir a organizaciones filantrópicas más que a verdaderos operadores del crimen organizado. Además, criticaron que las autoridades mexicanas no detectaran las operaciones denunciadas por Estados Unidos, pese a presumir fortalezas institucionales.

El dictamen aprobado se remitirá a la Cámara de Diputados. Entre las modificaciones adicionales se contemplan auditorías internas y externas, protección de la identidad de los encargados de cumplimiento, sistemas automatizados de gestión de riesgos, y el fortalecimiento de sanciones. Se eliminó, sin embargo, la adhesión del término “financiamiento al terrorismo” por considerarse ya previsto en el marco legal vigente.

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